Basta con leer las noticias que distintos medios
periodísticos están publicando en estos días para poder
apreciar el interés que está generando la
posible eliminación de la "duplicación" que en
su momento estableció la ley de emergencia económica,
25.561.
Este incremento (que en la actualidad representa el
50% de la indemnización por antigüedad) es de aplicación
hasta tanto la tasa de desocupación elaborada por el
Instituto Nacional de Estadística y Censo (INDEC)
resulte inferior al 10%.
En estos días estamos a la espera de la publicación
de dicho índice y, pese a los pronósticos que se estaban
haciendo, el presidente Néstor Kirchner ya
adelantó que el mismo sería del 11,4%.
De esta manera, se estaría postergando la esperada
eliminación del incremento indemnizatorio, el cual
debería dejarse de aplicar en forma automática a partir
de que el referido índice sea inferior al 10%.
Por su parte, en la cartera laboral también serían
partidarios de que cuando el índice de desocupación baje
los dos dígitos, la "duplicación" debería ser eliminada
"ipso facto", sin necesidad de ley o decreto que
disponga dicha eliminación.
No
obstante ello, ante la preocupación demostrada por parte
del sector empresario en saber cuándo y cómo se
eliminaría el incremento del 50%, el Ministerio
de Trabajo tendría algún temor de que esto pueda generar
despidos masivos, aunque ello iría en contra
del argumento que sostienen -para minimizar los efectos
negativos de la "duplicación"- que a pesar del
incremento en las indemnizaciones se crearon tres
millones de puestos de trabajo.
En realidad, el interés del sector empresario en
saber si el incremento se elimina o no tiene más
que ver con la necesidad de poder determinar el impacto
que dicha medida puede traer aparejada con relación a
los costos laborales, como así también, para la
determinación de las previsiones que toda compañía debe
efectuar.
Es de esperar que en los próximos días las distintas
conjeturas que se han efectuado en torno a este tema
queden disipadas definitivamente, para lo cual
sería de importancia que el Ministerio de
Trabajo se expida oficialmente al respecto.
Carlos Míguez, miembro de
Alfaro Abogados
